Discriminación, racismo e integración.

La historia tiene lugar en Getxo un pequeño municipio de Vizcaya en el verano de 2017, pero que 5 años despues aun se notan sus consecuencias para Silvia, vecina de alli y de origen boliviano. Esta discriminación no fue solo a una persona, Silvia, y por una razón, su pais de nacimiento, sino a otra persona más y por otro motivo distinto de discriminacion: se encontraba en situación de mendicidad; Y las consecuencias se resumen en discriminación, racismo y tortura 5 años despues.

Os cuento un poco la historia: hace cinco años, Silvia estaba en el supermercado cuando vio como la policía maltrataba a un mendigo, solo por el hecho de estar viviendo y pidiendo en la calle. Silvia salió en defensa de él porque sintió un abuso de poder por parte de la autoridad. Este acto de empatía desencadenó su detención y posterior agresión en las celdas de los calabozos por parte de aquellos que debían garantizar su seguridad: los agentes de policía.

Silvia requirió que la asistiera un médico forense para dar cuenta de las lesiones que sufrió durante su detención. Según recoge el informe, recibió varios puñetazos por parte de uno de los agentes. Más adelante presentó este informe y pidió que se aplicara el protocolo de Estambul.

Los mismos agentes que la agredieron presentaron un atestado adulterado, tergiversando los hechos y fingiendo ser ellos las víctimas: lobos con piel de cordero. Esta vuelta de tornas pone de manifiesto una dolorosa realidad: el sistema que debería proteger a la ciudadanía puede convertirse en su verdugo. ¿Dónde está la justicia?

El Gobierno Vasco no solamente no actuó como mediador, sino que optó por ejercer de acusación contra ella. Solicitaron una pena de siete años de prisión, una medida a todas luces excesiva, desproporcionada e injusta. Además, se le ha impedido aportar en su defensa el informe pericial del Protocolo de Estambul.

Ante tales circunstancias, surge una pregunta inevitable: ¿Cómo es posible que esto ocurra en un Estado democrático de derecho? El caso de Silvia no es un caso más de abuso de poder, sino que deja al descubierto el racismo presente en nuestra sociedad; Tambien deja presente como hemos visto en el tema 1, un problema de integración por pertenecer a un grupo diferente, a un subgrupo dentro de un grupo. Su experiencia, similar a la de muchas personas racializadas en este territorio, es un claro reflejo del racismo institucional existente. Es urgente reconocer, denunciar y erradicar estas prácticas racistas. Demuestra una realidad que mucha gente prefiere ignorar: el abuso de poder, la violencia y el racismo contra una mujer ante las instituciones. Y más alarmante aún: en el sistema judicial. La sociedad reclama transparencia, objetividad y prontitud y, sobre todo, que se cumplan los estándares internacionales contra el maltrato y la tortura, ya que esta problemática no es solamente de algunos países alejados del nuestro, sino que se manifiesta también en España y en los demás países desarrollados. Lo que se reclama en este caso concreto, es que en el juicio se volveria a pedir una investigación eficiente y objetiva de su denuncia, es decir, que se aplique el protocolo de Estambul. No podemos permitir que el racismo, el abuso de poder y la violencia contra una mujer se oculten y se ejerzan desde quienes hacen cumplir la ley e imparten justicia y por tanto, se aplique el principio de igualdad que afecta a los poderes públicos y como consecuencia de ello se manifieste el derecho particular del individuo que debe ser protegido como un Derecho fundamental a la Igualdad. Y también se aplique la igualdad como un valor de alcance general en los sistemas políticos modernos, manifestando asi el Articulo 1 de la Declaración de Derechos humanos.

Me he basado en varios articulos pero el pricipal es este Opinión | El caso de Silvia: discriminación, racismo y tortura cinco años después - El Salto - Edición General (elsaltodiario.com)